Producción y finanzas, una desproporción peligrosa

En economía, es habitual y resulta sumamente esclarecedor la distinción entre el ámbito productivo y el financiero. Si bien el primero evoca una empresa industrial que lucha para ser competitiva en un entorno muy exigente y cada vez más internacionalizado, el segundo, por el importante crecimiento experimentado a lo largo de las últimas décadas y su papel tan determinante en la reciente crisis, apela más a un tipo de prácticas económicas de un cierto glamour, directamente ligadas a la especulación de cuello blanco y que han ido configurando una concentración salvaje de la riqueza y del poder económico a escala planetaria. Según Marc Vidal (por cierto, uno de los pocos economistas que la va vio venir), la última crisis económica habrá sido una colosal deflación de capital, consecuencia de haber vivido la fantasía desbordada de unos derivados financieros sin ninguna traslación productiva o mejora económica real.

Hoy, la economía esencialmente productiva, aunque consideremos muchas actividades del sector servicios como la industria turística o la cultural, ha adelgazado muchísimo. Esa distrofia del sistema, bautizada como turbocapitalismo o capitalismo ultrafinanciero, ha añadido un buen puñado de peligrosidad a las convulsiones económicas o financieras venideras. Sea cual sea el calificativo, lo cierto es que el libre mercado, basado en la iniciativa individual, el afán de lucro y la propiedad privada, ha padecido una mutación significativa. Como si se tratara de un tumor maligno, podríamos hacernos una idea de su capacidad destructiva, en función de la su agresividad y de su tamaño.

Las finanzas, un poco más allá de la necesaria conexión con la esfera productiva, son actividades basadas en informaciones privilegiadas, tejidas a través de relaciones de confianza y de un carácter intensamente cíclico. Los productos derivados no son más que apuestas, juegos de suma cero donde a cada resultado le corresponde un ganador y un perdedor. El sector financiero (en España, más oligopolizado que nunca), es difícilmente embridable, al ser un excepcional esquivador y captador de reguladores y por su creciente operatividad en la sombra. El llamado shadow banking, debe su fuerza a la tecnología, la innovación, la sofisticación de sus productos y, en general, a la falta de ética y moral de sus directivos (suficientemente reveladoras fueron estas declaraciones del director de negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, el pasado mes de enero: «Los desahucios son una leyenda urbana»).

¿Sabemos cuál es el peso del sector financiero? No exactamente del todo porque la medida real de algunos de sus activos es desconocida. Según estimaciones del observatorio canadiense Visual Capitalist, el valor total de los mercados de derivados mundial, podría llegar a la cifra de 1.200 billones de euros. Para hacerse una idea aproximada, esta barbaridad representaría 8 veces la deuda de todo los gobiernos, empresas y familias del planeta, 200 veces la masa de todas las monedas y billetes que circulan en el mundo, más de mil veces el PIB de nuestro país o, más de dos mil, el valor en bolsa de la compañía Apple.

Al tratarse de una cuestión que será decisiva en los próximos años, conviene tomar conciencia e intentar comprender sus mecanismos de funcionamiento porque, como dijo Warren Buffett, «en términos de riesgo, los derivados son una arma de destrucción masiva». Una afirmación preocupante al provenir, no precisamente de un fanático de la economía del bien común, ni tampoco de un hooligan del interés general.

La Fed, el BCE y los 12 apóstoles

La política monetaria consiste en influir, aunque indirectamente, en la oferta de dinero que fluye en la economía, es ejecutada por los bancos centrales y afecta a dos grandes grupos de intereses contrapuestos. Por un lado, las élites financieras (oligopolio formado por prestamistas de excelencia y donde también habitan los reyes de la economía especulativa) que consideran perjudiciales las políticas monetarias porque, con una cantidad limitada de dinero esparcido, la inflación se mantiene a régimen, se consigue preservar el valor de la moneda y, de paso, asegurar los rendimientos de su afinado y refinado modelo de negocio. De otro, el colectivo de empresarios y comerciantes (perfiles tipo fabricantes incansables o negociantes perseverantes), gremio eminentemente prestatario de capital fijo y circulante, y que, demandan dinero abundante y barato para mover la economía, prefieren una autoridad monetaria que se preocupe por la estabilidad económica ante los cambios de ciclo, en vez de perseguir obsesivamente el control de la inflación.

De acuerdo con las leyes que rigen las luchas de poder y en función de qué grupo acabe imponiendo sus ideas al correspondiente banco central o autoridad monetaria, los instrumentos utilizados y las medidas implementadas serán diferentes; y, no menos importante, las consecuencias sociales en épocas de vacas flacas, también. Para ilustrar esta tesis, utilizaré dos ejemplos, los Estados Unidos y la Unión Europea y un denominador común: doce bancos, curiosamente.

En 1913, los EEUU crearon el Sistema de la Reserva Federal, formado por un banco central (la Fed) que controlaría los doce bancos nacionales de entonces, convertidos después de no pocos tiras y aflojas, en la banca regional del nuevo sistema federal. En el combate entre los doce bancos (Boston, New York, Philadelphia, Richmond, Atlanta, St. Louis, Cleveland, Minneapolis, Chicago, Dallas, Kansas City y San Francisco), que se centró en la misma esencia de lo qué debería hacer la Fed y cómo, acabó imponiéndose la visión de los empresarios y comerciantes (prestatarios y verdaderos protagonistas de la economía productiva) representados, sobretodo, por la banca del sur y del oeste americano. Por este motivo, la Reserva Federal es una institución preocupada más por el crecimiento de la economía y el pleno empleo del país que por el control de la inflación; y, por esa misma razón, ante una crisis severa, dispone de más herramientas para actuar, sobretodo comprando directamente deuda pública emitida en bonos del Tesoro.

Ochenta y cinco años más tarde (1998), la UE creó el Banco Central Europeo (BCE) con el debido plácet de los bancos centrales de los doce estados miembros de aquel entonces (Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal). En este caso, pero, se impusieron, de forma acaparadora, los intereses de las élites financieras prestamistas, amos y señores de las finanzas al mayor, sobretodo las germanas. De esta guisa, nuestro BCE es una institución que solo se ocupa del control de la inflación para salvaguardar el valor del euro y, si de forma extraordinaria y excepcional, ha decidido comprar deuda pública, lo ha hecho indirectamente en el mercado secundario. Es decir, la banca compra deuda pública y, el BCE, le presta el contante con la misma deuda como garantía. Por ello, si la banca se ha endeudado con el BCE al 1% y ha prestado a los gobiernos al 6%, cabe preguntarse: ¿no se trata de una operación de rescate encubierta a la banca?

Visto lo visto, no debe extrañar que, ante la peor crisis económica provocada por el propio sistema financiero, sus políticas hayan defendido a los acreedores e inversores y no a la ciudadanía, garantizando liquidez ilimitada a la banca y negándosela a los gobiernos por tener el coto vedado a las operaciones de financiación de los estados. Y para más escarnio, quienes fueron ayudados a sobrevivir con cantidades indecentes de recursos públicos, son los mismos que han exigido cobrar sus deudas a cuenta de grandes recortes y sacrificios, con lo cual, han dejado las políticas fiscales sin margen de maniobra y, peor si cabe, no han dudado lo más mínimo a la hora de culpabilizar del gran destrozo a las propias víctimas «por vivir por encima de sus posibilidades».

Mientras sigan así las cosas, y no parece que vayan a cambiar de rumbo, el BCE será una fabulosa fábrica de antieuropeísmo y populismo nacionalista; eso sí, con una nueva sede en Frankfurt que nos ha costado 1.300 millones (un 50% más de lo previsto).

Políticas económicas, banderas y granadas

Debemos reconocernos herederos de un nivel de progreso social sin precedentes, conseguido poco a poco a partir de la posguerra y, que como legado, hemos visto resquebrajarse por la reciente crisis económica. Nos conviene, además, no olvidar ni un ápice que esta herencia fue erigida sobre un acuerdo tácito, de equilibrio y compensación entre democracia y mercado, puesto que, aquellas políticas económicas que priman la competencia, provocan que la eficiencia penalice la equidad y, a la inversa, las que priorizan la redistribución, no suelen conseguir una óptima asignación económica de los recursos. De este modo, mientras las fuerzas socialdemócratas reconocían que la economía de mercado era un instrumento a tener muy en consideración para la generación de riqueza, las de carácter liberal, por su parte, validaban la función de amparo del llamado Estado Social.

Hoy, los pilares democracia y mercado parece que jamás se han avenido; es más, el primero se encuentra totalmente desfigurado y, el segundo, galopa desbocado. Una visión a bote pronto de nuestro país nos arroja un panorama poco halagüeño: crecimiento económico no inclusivo, desigualdad en aumento, fractura social, un poder judicial lamentable y confusión y desconcierto en la política.

Somos uno de los países de la UE con más corrupción, donde las diferencias sociales son más preocupantes, con los mercados de muchos suministros estratégicos menos eficientes por falta de competencia (agua, comunicaciones, luz, gas, carburantes), ni tan solo disponemos de un pacto educativo (ni estatal, ni autonómico), y, de las supuestas políticas a favor de las energías renovables, por ejemplo, mejor ni hablar porque traspasan la ironía para llegar hasta el más insultante de los cinismos. Necesitamos, más que nunca y con urgencia, democratizar los mercados imponiéndoles límites, fomentar el capitalismo auténticamente competitivo de riesgo y ventura, reconvertir la justicia y dignificar una política devaluada con muchas instituciones minadas por la corrupción y por un burocratismo paralizante. Es hora de apuntalar nuevos acuerdos y trenzar consensos para pactar políticas macroeconómicas más activas, reformas estructurales que se centren en la defensa de la competencia y planes industriales rigurosos, en vez de programas económicos estériles, subvenciones inútiles o concesiones interesadas.

Día a día, pero, nos topamos con la realidad (la verdadera escoria de la ilusión, como apuntó acertadamente algún poeta); por ello, me parece poco probable que tomemos la senda correcta, al menos a corto plazo. Tal vez la solución consistiría en envolver de forma seductora la propuesta como un mix y, aprovechando que el mercado de las banderas se encuentra esplendoroso, venderlo bajo un estandarte resplandeciente. Puestos a innovar, propongo una bandera con una bonita granada porque, a parte de una fruta deliciosa y con muchas propiedades, no está exenta de un simbolismo singular: para los judíos representa la divisa de la verdad, pues contiene tantas semillas como mandamientos su Torá (seiscientas treinta y una, dicen); en China, evoca fertilidad; y, para el pueblo egipcio, significa el poder porque, al abrirla, parece una corona.

Y es que, lamentablemente, somos muchos los que habíamos pensado, ingenuamente, que la maldita crisis habría servido de acicate.

Impredecibilidad, probabilística y aburrimiento

Se dice de algo predecible cuando resulta pronosticable porque se puede anticipar a partir de unos indicios o ciertas señales. En economía, que sería actuar de una forma concreta o suceder de una manera determinada con una considerable probabilidad o certeza, hay ocasiones en las cuales conviene serlo mucho y, contrariamente, existen ciertos contextos en los que mejor ni pensarlo.

¿Cuándo debería dominar y provocarse lo impredecible o la sorpresa? En el universo de la innovación empresarial, sin ninguna duda. En las economías más desarrolladas, el valor añadido de los productos o servicios derivan forzosamente de su originalidad, novedad y utilidad. Si pensáis en una innovación disruptiva que os resulte realmente inspiradora, seguro que la idea de aquella reconocida marca se explica más por su carácter impredecible que por su facilidad de uso o rendimiento, por ejemplo¹. ¿Quién hubiera pensado hace treinta años que acabaríamos comprando unos muebles (de nombres impronunciables) y los montaríamos enteros en casa sin ayuda de nadie? O cien años atrás, que los fabricantes de abarcas menorquinas exportarían a lo largo y ancho del planeta la versión moderna de un calzado que se remonta al neolítico.

Y por contra, ¿cuándo conviene aplicarse una buena dosis de predictibilidad aunque sea a costa de parecer un poco aburrido? En el ámbito de la política, sobretodo a la hora de tomar decisiones en materia económica porque uno de los vectores de prosperidad más determinantes para una región es que sus políticas sean previsibles. De la incertidumbre al desapego solo hay un paso y, de éste a la angustia, ese miedo que arrincona, otro pequeño eslabón. Pensad, si no, en el Brexit o en la DUI catalana.

Podemos constatar que la realidad es algo más compleja, si llegamos a entender, por citar tan solo un caso, el funcionamiento de algunos productos financieros, propios de la economía “hiperfinanciada” actual, como son los llamados derivados. El famoso ejemplo del cerdo y las dos formas para convertirlo en dinero es muy ilustrativo: primero y de forma convencional, lo podríamos vender al carnicero; otra opción sería acudir a un mercado de derivados a través del cual podríamos vender su valor futuro multiplicado unas cuantas veces (venderíamos el probable ingreso futuro de su carne, de sus sobrasadas y salsichones o de la manteca que pudiera producir y, además, de su posible descendencia). Así es, de un cerdito, en un universo de probabilidades y cuatro operaciones financieras ejecutadas con un simple clic digital, se crea una economía virtuosa y virtual. Si el cerdo, junto a su rendimiento, solo es un futuro posible, ¿qué sucedería si enfermara y falleciera? Pues que todas las operaciones financieras se escurrirían y, de paso también, los seguros que habrían prestado cobertura a todo aquel flujo financiero diseñado.

Así pues, si bien las finanzas son una poderosa palanca para el desarrollo económico, se convierten en un riesgo de consecuencias desastrosas al traspasar ciertos umbrales con el concurso de la incontestable probabilística. Mientras tanto, más vale que los políticos sean sosos y, las personas creativas, impredecibles. Siempre habrá excepciones, sería absurdo negarlo, empresarios con ideas predecibles pero que funcionan (¿a quién no le agrada el pan en horno de leña?) o políticos impredecibles (como los que lanzaron la idea de implantar el transporte por tren en Menorca cuando los vehículos sin conductor ya son más que una realidad).

1«Innovación no es ver lo que nadie ha visto aún, es pensar lo que nadie ha pensado pero todo el mundo ve». Alfonso Alcántara.

Crecimiento económico y progreso social, o no

En el sentido de inclusión social, calidad de vida y conservación medioambiental (este último todavía de forma muy incipiente), el ideal contemporáneo de progreso social implica, por un lado, la creencia de que la sociedad actual ha alcanzado más y mejores cuotas de bienestar que las anteriores y, por otro, se encuentra estrechamente ligado a los conceptos de economía de mercado y democracia. En este juego, la certidumbre y la seguridad resultan factores determinantes; por ello, el Estado social es el mecanismo diseñado, con una batería de instituciones proveedoras de recursos, para combatir la incertidumbre o la inseguridad sosteniendo, por ejemplo, un sistema educativo para la igualdad de oportunidades o diversos programas sociales de cobertura ante ciertas contingencias (paro, enfermedades, accidentes o jubilación) que pudieran suponer una pérdida de ingresos. Pero atención! Porque el crecimiento económico resulta necesario pero no suficiente para progresar socialmente; es más, si se pierde un cierto equilibrio entre uno y otro, aumenta la desigualdad social, aparece el descontento y aflora la inestabilidad política con más facilidad de lo que muchos piensan o quieren creer (y de pruebas, tenemos un buen puñado).

A partir de los sesenta y hasta la llegada de la gran crisis del 2008, la generación de nuestros padres ha podido vivir una etapa de crecimiento económico alcanzando, a su vez, importantes metas en términos de progreso y promoción social. Después de la posguerra, poco a poco pero sin pausa, muchas capas sociales humildes iban consiguiendo más de lo que jamás hubieran soñado (una carrera universitaria para sus hijos o conocer mundo una vez jubilados, por ejemplo). Lo cierto es que este superávit moral, resultado de una realidad que iba superando todas las expectativas, contribuyó de forma extraordinaria al impulso de nuestra economía.

Ahora, en cambio, una década después de la gran fallida provocada por el gran colapso financiero, somos una sociedad más desigual, el añorado crecimiento económico de antaño no se traduce en progreso social, las expectativas han disminuido y rehacerlas no es tan sencillo (no es lo mismo renunciar al deseo de poseer un velero que tener que resignarse ante la posibilidad de no poder disfrutar de una pensión de jubilación digna). Y ya sabemos que cuando predomina el desasosiego, más pronto que tarde, la angustia hace acto de presencia. Los animal spirits de hoy (así bautizó Keynes al estado de ánimo de los consumidores) no pueden ser demasiado halagüeños; basta solo con observar, de pasada y simplificando un poco, muchas de las gentes que conforman cada una de nuestras generaciones más representativas: la joven y bien instruida, obligada a trabajar, si lo consigue, a destajo, de lo que sea y a precios propios del dumping más salvaje; la más madura y también formada pero apalancada financieramente por culpa de la burbuja de ayer, se ve obligada hoy a hacerse cargo de los hijos; y, la más veterana, a la cual no le ha quedado más remedio que ayudar a saldar las deudas y cubrir las necesidades básicas de sus descendientes (hijos y también nietos).

Si la época de noviazgo entre mercado y democracia ha dejado paso a otra donde parecen irreconciliables, la solución no es otra que poner límites, a través de auténticas políticas democráticas, para domesticar la economía de mercado. Quizás la siguiente lista les suene de algo: aumento del salario mínimo y de las pensiones, recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, supresión del copago farmacéutico, mejor dotación para los programas de becas y reducciones de las tasas universitarias, regulación de los precios de los alquileres de la vivienda y revisión del bono social eléctrico, mayor presión fiscal del IRPF para las rentassuperiores a les 130 mil euros, …

Taxi driver

La transformación digital de los negocios no es otra cosa que el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación para conseguir mejoras radicales las cuales acaban convirtiéndose en potentes ventajas competitivas. Por su brusquedad, en la aparición, y rapidez, en la propagación, su carácter es disruptivo; así, las innovaciones impredecibles provocan desasosiego en las empresas de un sector determinado, cogen a contrapié a muchas estrategias de negocio y en fuera de juego al legislador.

Un buen ejemplo de este fenómeno lo encontramos en el sector del transporte público del taxi. Hoy, en las grandes ciudades conviven dos tipos de operadores: los taxis de toda la vida y los vehículos de transporte con conductor (VTC) de Uber o Cabify (para citar tan solo dos de las compañías más conocidas). Huelga decir que la relación entre el taxista tradicional y el chófer digital no es muy cordial, que digamos.

Las grandes compañías VTC, se sirven de la llamada economía colaborativa (son empresas sin vehículos en propiedad, ni personal en nómina), en nuestro país estos vehículos operan bajo una autorización administrativa según la regla 1 VTC para cada 30 licencias de taxi, administran potentes plataformas tecnológicas, una aplicación móvil conecta demanda y oferta, y, como afirma Marc Vidal, el cliente ocupa el auténtico centro en su cadena de valor.

Los taxis, por su parte, operan bajo unas licencias otorgadas en forma de concesión administrativa, aplican los precios de sus servicios basándose en unas tarifas reguladas y su cliente lo podréis encontrar recóndito y descuidado en su tablero de valor.

Visto así de simple y, a priori, en igualdad de condiciones de mercado, la pregunta que uno debe hacerse es: si nos referimos a un servicio público entendido como beneficio social, ¿cuál es la diferencia más relevante entre los dos modelos de negocio? A mi entender, ni la tecnología, ni el sistema de gestión, ni la normativa aplicable. La clave de bóveda es la ubicación del cliente en cada uno de ellos: en el modelo taxi está arrinconado, y en el VTC, por el contrario, es el protagonista principal.

Como prueba de esta falta de enfoque hacia el cliente, sirva de ejemplo la propuesta de la Agrupación de Taxis de Maó ante la sobre demanda de servicio que se produce en Menorca durante la temporada estival: doblar la flota a base de licencias temporales para ellos mismos. Aparte de una visión local muy poco periférica de un problema de carácter insular que, a la postre, ha perjudicado al resto del gremio de las demás localidades, se trata únicamente de una estrategia defensiva para repeler la amenaza externa de las plataformas tecnológicas pero que, a su vez y sin reconocerlo (obviamente), parece consider insuperable su propia debilidad interna más importante (la falta de atención al cliente), cuando el sector turístico reclama más operadores y, sobretodo, medidas proactivas para corregir un déficit de calidad en la atención a los usuarios, vuelvo a insistir, de un servicio público.

En resumen, una oferta acomodada, una administración poco diligente para corregir las ineficiencias de un mercado intervenido y una nueva manera de hacer las cosas que funciona en forma de aldabonazo. Y como este debate habrá resultado estéril el día que aterricen en Menorca los taxis sin conductor, valga la consigna: “¡Bienvenidos a la transformación digital de los negocios!”. Por cierto, el título de este artículo, la imperdible película de Martin Scorsese protagonizada por Robert de Niro, era tan solo un reclamo, lo siento.

Modelos de negocio y piratería

En economía de empresa, existen ciertos modelos de negocio que, bien por un vacío legal o por el desconocimiento de ciertos actores implicados, resultan verdaderos ejercicios de piratería, unos más sutiles que otros, claro está. Intentaré explicarme con la ayuda de tres ejemplos.

Los orfebres de la baja edad media, acuñadores de monedas oficiales y que también custodiaban lingotes y monedas de otros mercaderes y comerciantes, fueron los auténticos pioneros del modelo de negocio bancario moderno, basado, fundamentalmente, en cobrar un interés superior por los préstamos que conceden al que ofrecen los depósitos que guardan. Por aquel entonces y poco a poco, el mismo papel de los propios recibos de los depósitos acabaría supliendo el valor de las monedas y otras piezas de metales preciados; y, cuando aquellos artesanos de uno de los gremios más influyentes y poderosos de la época pudieron comprobar que el ritmo y la intensidad de la retirada de los depósitos era prácticamente testimonial respecto del total que guardaban, la decisión de activar estos pasivos, en forma de préstamos para obtener una muy buena rentabilidad, resultó ser una muy buena idea.
El hecho destacable de este proceso, sin embargo, es que, en un principio, los titulares de los fondos depositados no recibían ninguna contraprestación por el negocio que sacaban estos primeros banqueros gracias a sus ahorros. Pero este negocio redondo no duraría demasiado tiempo, el banquero florentino Giovanni de Médicis, a finales del siglo XIV, tuvo que compensar a los titulares de sus depósitos urgentemente, indignados cuando, visto su nivel de vida exageradamente ostentoso, descubrieron su modelo de negocio y dedujeron los altos márgenes de rentabilidad que conseguía. He aquí, pues, un modelo de negocio de piratería suave.

En 1976, el americano John Moore fue diagnosticado de una extraña variedad de leucemia y, los médicos del Centro Médico de la Universidad de California, le recomendaron la extirpación del bazo con el fin de detener el avance de aquella grave enfermedad. El paciente otorgó por escrito su consentimiento a la operación y, gracias a ella, el doctor David Golde le salvó la vida; pero, consciente de su valor para la investigación y desarrollo científico, también extrajo tejido de aquel órgano sin su aprobación. Junto con su equipo de ayudantes investigadores, aislaron y reprodujeron en el laboratorio aquellas células con la intención de patentarlas como sustancia útil para el tratamiento del cáncer. Así, en 1984, al Dtor. Golde le fue concedida la patente americana núm. 4438032, mediante la cual y sólo con un acuerdo comercial con la multinacional biotecnológica suiza Sandoz, obtuvo unos ingresos de más de 12 millones de euros. He aquí otro modelo de negocio, este de piratería de asalto.
John Moore interpuso una demanda judicial reclamando una participación en la titularidad de la patente, así como una compensación del Dtor. Golde por incumplir sus obligaciones profesionales. Si bien, en la instancia de apelación, el Tribunal Supremo de California desestimó la reclamación sobre la participación en la titularidad de la patente porque no había sido uno de los inventores, también sentenció que un médico tiene la obligación fiduciaria (basada en la confianza) de informar al paciente sobre cualquier interés económico o personal en la utilización o el estudio de sus tejidos.
Su voz, sumada a la de las diversas ONG que luchaban contra el proyecto de Directiva reguladora de la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (98/44 / CE) que había sido elaborada a favor de los intereses de la gran industria biotecnológica, contribuyeron a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005) que obliga a solicitar el consentimiento expreso de un paciente en el caso de que se utilicen muestras obtenidas en el transcurso de una intervención médica con fines de búsqueda e investigación.

Hoy, por ejemplo, la primera y principal fuente de ingresos de Facebook brota de la explotación publicitaria que la compañía hace de los datos de sus usuarios; por tanto, se puede decir que es la empresa más importante de publicidad. Según sus directivos, no vende la información de sus usuarios pero hace uso de la misma con la intención de orientar los anuncios que las demás empresas cuelgan en su portal. En cifras, durante el ejercicio 2017, el gigante puntocom de Mark Zuckerberg, con los datos personales de 2.130 millones de personas activas mensualmente, obtuvo unos ingresos de 39.942 millones de dólares por publicidad, importe que representa el 98% de su cifra total del negocio.
Considerando los dos casos anteriores, este sería un modelo de negocio de piratería light y no es nada descabellado pensar que, algún día, los usuarios de la red social más importante del mundo consigan ser retribuidos por el uso comercial de sus datos. Puestos a pedir, con una comisión de un 50% por la cesión de su información (al fin y al cabo es privada y personal), tocarían 9,38 $ por cabeza. Algo es algo, ¿no?

Cotizaciones sociales, competitividad y desigualdad

Si la Ley General de Presupuestos del Estado para 2014 ya anunciaba el incremento de los costes sociales por la vía de una subida de la base máxima de cotización de los asalariados y de la mínima de los autónomos, el último Consejo de Ministros celebrado antes de Navidad, aprobó uno de nuevo. A partir de ahora, las retribuciones en especie (planes de pensiones, servicios de guardería, seguros médicos o de responsabilidad civil, dietas de transporte o los bonos restaurante) cotizarán íntegramente, y, la cuota de los autónomos con más de diez trabajadores a su cargo, no podrá ser inferior a las más altas (la de los licenciados o ingenieros).

Estas medidas, casi idénticas y en la misma dirección, van en contra de los principios esenciales para que las políticas económicas sean efectivas y socialmente aceptadas: la confianza, la eficiencia y la equidad.

En primer lugar y por tres razones, son decisiones políticas que no ayudan a mejorar la confianza de la ciudadanía en los decisores públicos. Al ir en contra de la creación de puestos de trabajo, agravan aún más el incumplimiento de una promesa electoral. Son medidas incoherentes con el discurso de la mejora de las finanzas públicas y la recuperación económica porque, de ser así, se encauzarían en sentido contrario. Además, la última de ellas fue aprobada con nocturnidad ya que los agentes económicos y sociales han tenido noticia de ella una vez revisado el BOE.

En segundo término y dada la precaria situación de las cuentas de la Seguridad Social, son medidas con una finalidad puramente recaudatoria, por lo que no aportan nada a una posible mejora de la eficiencia de nuestra economía porque no mejorarán, ni la competitividad de las empresas, ni la creación de empleo, ni la recuperación económica.

Y finalmente, en un escenario de estancamiento económico y desigualdad social galopante, no aportan nada a una mejora de la equidad, todo lo contrario. Si alguien puede pensar que es más solidario que los asalariados mejor retribuidos aporten más al sistema de protección social, debe comprender que los trabajadores que más ganan no se verán perjudicados puesto que habrán alcanzado la base máxima de cotización con su salario independientemente de las retribuciones en especie.

Por último, habría que preguntarse si hay posibilidad de que la responsable del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cambie de opinión. No lo creo. Prueba de esta desconfianza es el anteproyecto en el que está trabajando su equipo y, según el cual, los autónomos estarán obligados a asumir el coste por cese de actividad, una contingencia actualmente opcional. Un tipo de prestación por desempleo que genera muchas dudas y dificultades en el sector del trabajo por cuenta propia, sobre todo a la hora de demostrar las causas o motivos del cese de la actividad y que la mutua correspondiente las acepte.

«Especular no es nada útil»

Hace poco, en una entrevista concedida a un periódico nacional, el director gerente del organismo intergubernamental encargado de auxiliar aquellos países con graves problemas financieros llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, respondía que «especular no es nada útil» cuando se le preguntaba sobre el estado de la banca de los países del norte, no tan vigilada como la de los rescatados como el nuestro. Curiosamente, sin embargo, para apuntalar su defensa de las recetas de la Troika basadas en la austeridad, afirmaba que muchos analistas piensan que España se convertirá en el motor del crecimiento europeo a medio plazo puesto que otros países de Asia o América Latina así se habían comportado después de haber acometido importantes reformas en tiempos de importantes dificultades.

Eso sí que es especular Sr. Regling! Déjeme que le diga que la política económica del gobierno español es, ante todo y todos, un espejo de la decadencia de los preceptos democráticos, precisamente de quien se esperaba un mejor concepto de las instituciones, dado su programa electoral o el elevado número de altos cargos abogados del Estado nombrados por la misma vicepresidenta. Sólo tiene que analizar algunas de las normas y reformas que afectan a la unidad de mercado, la autoridad fiscal independiente, la ley de transparencia o la mismísima Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para darse cuenta de que los organismos encargados de recordar al Estado que no es infalible han acabado siendo auténticos falderos al servicio del poder, si ya no lo eran bastante antes.

Conviene no equivocarse, el agente reformista más poderoso de los últimos años ha sido la elevada prima de riesgo. Ella solita obligó a reformar nuestra propia Constitución, otorgando el mayor rango normativo a la regla del techo del gasto público, priorizando, por delante de cualquier otra alternativa, la devolución de la deuda. Es más, si hoy este coste financiaciero se encuentra a unos niveles muy inferiores a los de entonces, el mérito debe atribuirse al Sr. Draghi y no al Sr. Rajoy, como él quisiera y pretende.

No obstante lo anterior, resulta comprensible que usted, al representar precisamente los intereses de los acreedores, sólo quiera ver una parte de la película, sin querer entender que las verdaderas reformas para ser más competitivos y crecer aún están por hacer.

Salarios, competitividad y desigualdad

Las retribuciones del trabajo en nuestra economía cotizan a la baja; de hecho, el único que piensa lo contrario, o mejor dicho, pretende que pensemos lo contrario, es el ministro Montoro. La crisis económica, sobre todo, y la mayor flexibilidad de nuestro mercado del trabajo, a través de la reforma laboral y la contención salarial, han contribuido a esta etapa asociada a una fase depresiva del ciclo económico como la actual.

A principios de 2012, las fuerzas sindicales y empresariales más representativas a nivel nacional, acordaron una contención de los salarios para la negociación colectiva del 0,5% para 2012 y del 0,6% para 2013 y 2014, siempre que la economía no mejorara más de un 1 %. En mi opinión, fue un pacto mucho más importante de lo que pueda parecer porque mejoraba la competitividad de nuestra economía a corto plazo, ganando tiempo para coger aliento y acometer las reformas estructurales más necesarias y urgentes.

¿Qué ha ocurrido desde entonces para que los representantes de los trabajadores reclamen ahora un aumento salarial más allá del acuerdo mencionado? Tres cosas fundamentalmente. Primero, la renta disponible de las familias ha empeorado porque la presión fiscal, principalmente, se ha intensificado mucho; segundo, el esfuerzo de esta contención salarial no se ha visto compensado con una mejora del empleo ya que han seguido destruyéndose puestos de trabajo; y, tercero, las auténticas reformas estructurales para la mejora de la competitividad de nuestra economía aún no han sido abordadas puesto que nuestros gobernantes están para otras cosas.

Al margen de esta coyuntura, lo cierto es que el debate sobre los efectos de los sueldos y salarios en la economía se encuentra más abierto y vivo que nunca. Por un lado, los que reclaman la subida de las rentas salariales, defienden el aumento de las rentas disponibles para estimular el consumo, desactivar la deflación y activar la economía. Por otra parte, hay quienes creen que una disminución de los salarios incrementa la contratación laboral, de tal forma que también es posible activar el consumo porque el aumento del empleo consigue ser más poderoso que la disminución del salario promedio. A caballo entre estas dos visiones opuestas (los efectos de la primera son a corto y, los de la la segunda, a largo plazo), nos encontramos quienes preferimos centrar la cuestión en la mejora de la productividad del trabajo con políticas económicas más rigurosas, inteligentes y con visión de futuro, aunque supongan una reducción del desempleo más lenta pero más segura. Hacen falta enfoques alternativos e innovadores para adaptar las medidas a los nuevos tiempos; por ejemplo, las políticas para activar a las personas en situación de desempleo (orientación laboral, formación, talleres de empleo, escuelas taller, …) siguen utilizando los mismos instrumentos que fueron válidos durante la crisis industrial de los años setenta. Jamás he logrado comprender por qué una persona sin trabajo, que puede capitalizar su prestación por desempleo para poner en marcha su propio negocio, no puede hacer lo mismo con el fin de formarse o especializarse.

Teorías aparte, no conviene olvidar que son las nuevas contrataciones las que sufren los salarios más bajos, dado el exceso de demanda laboral. Esto, que supone más desigualdad en las rentas del trabajo, se va añadiendo a la elevada y galopante desigualdad social. Otro motivo más para proponer políticas que mejoren la eficiencia de los mercados sin olvidar la equidad o justicia social.

Tal podría ser el caso de un mercado tan estratégico como el de la energía, dominado por un pequeño grupo de grandes empresas, con unos poderes políticos que han regulado su sistema de precios en clave puramente electoralista, o, cuando no, cómplices de sus estrategias (más que defensores de un auténtico mercado libre), y dotado de un organismo regulador estéril. Si funcionara como tal, los precios bajarían o, al menos, suavizarían la escalada insostenible de la última década, nuestras empresas serían más competitivas y, socialmente, podríamos empezar a hablar de combatir frontalmente la llamada pobreza energética.

Pero todos sabemos que resulta complicado fomentar la reducción del precio de la energía eléctrica sin resolver el llamado déficit tarifario de unos 30.000 millones. Pues bien, si Europa nos ha rescatado las entidades bancarias con un préstamo de 43.000 millones (que ya hemos empezado a devolver entre todos los ciudadanos porque la banca no pondrá un céntimo) no estaría nada mal que ahora sean las entidades financieras rescatadas las que se hagan cargo de este diferencial (todavía nos quedarían unos 17.000 a cuenta para otra iniciativa socialmente responsable).

Si la reforma de la Constitución fue posible en veinticuatro horas y, en pocos meses ha sido un hecho que todos los españoles avalemos los créditos fiscales de nuestra banca por valor de 30.000 millones, no creo que sea tan complejo encontrar un mecanismo suficientemente elegante para meterles la mano en el bolsillo.